TARIFAS - SERVICIOS PÚBLICOS O SERVICIOS EXCLUSIVOS
Sintetizando, los brutales e irracionales incrementos tarifarios que el gobierno neoliberal pretende perpetrar, y que incluso con impresentables argumentos tilda de “moderados” (¡entre 400 % y 1.200 % o incluso más!), son directa consecuencia de un puñado de medidas intencionales, aplicadas con total orientación ultra liberal/privatista, y carente de toda concepción estratégica nacional, criterio humanista y sensibilidad social. Esas medidas, que tergiversadamente, “tornan imprescindibles” los tarifazos, son:
a) La desfinanciación del Estado Nacional, al anular las retenciones a las exportaciones agrícolas y mineras, acentuando con ello el esquema de muy acentuada concentración de la riqueza en muy pocas manos (el 10 % de la población).
b) Las impresentables operaciones de importaciones de petróleo y gas con sobre costos y/o con la “casualidad” que Shell (vinculada a los ministros Aranguren e Ibarra) sea la principal adjudicataria de esas multimillonarias operaciones.
c) Las compras accionarias de empresas prestadoras del servicio eléctrico, por parte de empresarios allegados al actual gobierno nacional, de fuerte impronta excluyentemente corporativa. Caja para ellos.
d) Las altas tarifas eléctricas disimularían en parte la total falta de competitividad de las “renovables” (eólicas y solares); inversiones costosísimas que demandarán onerosos subsidios y otros privilegios irritantes, como ventas privilegiadas aunque sus tarifas sean mucho más caras; todo lo cual el gobierno fogonea como falaz “gran solución energética”, en connivencia con las ONGs británicas –hoy en el poder, por caso Greenpeace con su personero Cali Villalonga, feroz opositor de hidroeléctricas y nucleares-; y siendo funcional a los promotores a ultranza de esas energías “renovables”, como Sebastián Kind (también hoy alto funcionario nacional); contando todo ello con el fogoneo de varias publicaciones “especializadas” vinculadas a importadores, instaladores y asesores varios vinculadas con eólicas y solares. Los altos subsidios a las “renovables” y otras ventajas prebendarias para esas
energías serán fuentes de costosos litigios, que frenarán la economía argentina y restarán competitividad a la industria argentina (si es la
industria que logra sobrevivir a la política de “tierra arrasada”
instrumentada por el neoliberalismo macrista).
Tema técnicamente complejo, que se analiza intentado simplificar.
Las tarifas de los servicios públicos estaban muy atrasadas, y existían notables asimetrías entre los niveles tarifarios del área capitalina (Capital Federal y Gran Buenos Aires), respecto a otras provincias argentinas.
Esos privilegios para el área metropolitana datan al menos desde “el proceso”, por el doble motivo de bajar artificialmente los índices de inflación (que antes se medían solo allí), y para contentar a grandes volúmenes concentrados de población, para descomprimir el descontento general, o por simple politiquería barata.
Los atrasos en los niveles tarifarios reales, inicialmente vía congelamientos tarifarios, fueron parte del conjunto de herramientas exitosamente
implementadas para salir de la severísima crisis terminal de 2001/2002, que luego nos condujeron a la década de mayor crecimiento del PBI y otros indicadores macro económicos y macro sociales muy positivos.
Es bien sabido que por regla general, es más fácil implementar ese tipo de subsidios, que luego dejarlos sin efecto. Como por múltiples factores estructurales, la inflación nunca pudo ser totalmente contenida, se optó por mantener los valores nominales de las tarifas, lo cual significó aumentar los montos de los subsidios, dadas las subas nominales de costos por obra de la inflación.
A fines de 2015 existía consenso en la necesidad de corregir los valores tarifarios de los servicios públicos, sobre todo en el área capitalina, pero por supuesto las metodologías y grados de severidad de esos ajustes pueden ser muy variados, e incluso diametralmente diferentes. Una cosa es el gradualismo, y otra los aumentos desaforados y socialmente inviables, más en un marco severamente recesivo como el actual. Más que un tema económico, es básicamente de concepción ideológica. Los liberales desde siempre son partidarios de la extrema severidad y de la nula sensibilidad social; así lo hicieron antes en Argentina, así lo hicieron en muchos lugares del mundo, siempre con desastrosos resultados sociales y dudosos o muy negativos efectos económicos. Priorizan la ideología y los “castillos en el aire” de Adam Smith y David Ricardo, antes que la experiencia previa, muy abundante en el tema, pero siempre desechada por los fundamentalistas del “libre mercado”, excusa perfecta para desatar la ley de la selva en lo económico y el sálvese quien pueda en lo social. ¡De manual en “la doctrina del shock!
Una cosa es sobrellevar un proceso inflacionario permanente, como el que existió entre 2003 y 2015 (que nunca rozó siquiera niveles de hiperinflación, como en los ’70 y ’80), en un marco de crecimiento económico y claros indicadores de desarrollo socio económico; y otra muy distinta padecer un agudo cuadro de “retroflación” (claro retroceso económico y fuerte inflación), como el que estamos a consecuencia directa de las crudas medidas neoliberales implementadas desde el comienzo del actual gobierno argentino.
Antes la inflación era consecuencia de varios factores, como las presiones de los grandes formadores de precios, los incrementos de la demanda a consecuencia del claro crecimiento económico (indicado irrefutablemente entre otros por la fuerte evolución positiva del PBI), y en los últimos años el moderado nivel de déficit fiscal.
Ahora la fuerte inflación es clara consecuencia del desmadre generalizado producido por las medidas de shock socio económico –típica receta de implementación forzada del neoliberalismo extremo-, ejecutadas en rápida sucesión en curso, principalmente; 1) las quitas de retenciones a los sectores exportadores primarios (agro y minería), lo que desfinanció al Estado Nacional y los Estados Provinciales; 2) fortísima devaluación que desató un proceso de violentas alzas en los precios, acentuados en los artículos de primera necesidad, que al carecer de contenciones fueron arrastrados a los precios internacionales; 3) apertura económica total; lo que significó un combo hiper recesivo, que por lógica hizo caer las recaudaciones impositivas ante las bajas de la actividad general; 4) la vuelta a los perversos mecanismos de bicicleta financiera (altísimas tasas de intereses unidas al mantenimiento del valor del dólar, después de la megadevalución), que genera fuertes pérdidas fiscales vía Banco Central y por el intencional quiebre “cuasi” doloso de la operatoria del dólar futuro, decidida por algunos de sus principales beneficiarios instalados en puestos claves de la actual administración de gobierno; el febril acelerado endeudamiento externo, pagando tasas de usura, lo cual descalabra el presupuesto nacional.
Todo ello -más otras medidas negativas- cuadruplicó el déficit fiscal, una de las causas de la actual muy fuerte y persistente inflación, que duplica en exceso la inflación existente en el último año del anterior gobierno.
Ese cuadro de “tormenta perfecta”, con daños autoinfligidos mal encubiertos bajo la falsedad de “la pesada herencia”, y de una supuesta “gran crisis energética” que no es tal, se agravará en forma brutal, si se mantiene la decisión de practicar un tarifazo descomunal, que supera incluso las aberraciones perpetradas en el hoy semi olvidado “rodrigazo”, en el siniestro “proceso”, y en los aberrantes años ’90.
De aprobarse los aumentos desorbitados, “mínimos” del 400 %, presentados como “graduales” por el macrismo (el mismo que duplicó los sueldos de los ministros, y supuestamente también de las Fuerzas de Seguridad ¿asegurando el “entusiasmo” para reprimir?), no solo serán impagables para la mayoría de los usuarios residenciales, sinó que empujarán al cierre a muchas industrias, sanatorios, clubes de barrio y otras instituciones que brindan cobertura social.
El tarifazo es indefendible, impresentable, y solo pudo intentar perpetrarse, en un marco de total insensibilidad social, y de búsqueda intencional de provocar un acelerado empobrecimiento del 90 % del país, de desindustrialización forzosa, y de pérdida de todo atisbo de soberanía, que de ese modo es llevado a los
empujones hacia la disolución nacional.
MGTR. CARLOS ANDRÉS ORTIZ
Analista de Temas Económicos y Geopolíticos