A PROPÓSITO DE LA DESGRACIA DE ROSARIO

ENTRE LA “EFICIENCIA PRIVADA” Y EL ACCIONAR DEL ESTADO

La luctuosa tragedia que se abatió sobre Rosario, más allá del inmenso dolor que causó a los familiares de las víctimas, las penurias temporarias o definitivas que pudo causar a heridos y mutilados; y de la pena que sin duda nos causó profundamente a todos los argentinos, tiene algunas aristas que sin duda merecen ser analizadas.

Cuando sucede algo así, hay que diferenciar entre un simple accidente –por definición aleatorio, atribuible a mala suerte o circunstancias fortuitas negativas- , de un absurdo hecho que pudo prevenirse y que fue causado por negligencia, omisiones culposas y/o accionares deficientes.

Según las diversas informaciones difundidas, la explosión acaecida en Rosario tendría todas las características de un absurdamente cruel hecho culposo, y en tal sentido es de suma importancia llegar al fondo de la cuestión, evitándose que eventualmente todas las culpas recaigan en algunos “perejiles” o culpables menores, soslayándose las gruesas responsabilidades institucionales y sistémicas, que con un análisis algo más cuidadoso y profundo, muy posiblemente pasen a ser evidentes.

La Justicia deberá dictaminar, previos fundamentados dictámenes de los peritos. Pero sin perjuicio de ello, otros análisis son válidos, al menos como elementos a ser considerados en un contexto macro político-económico.

Como primer y más visible responsable se señaló al gasista que estuvo trabajando en el lugar.

Pero con relativo poco énfasis se mencionaron otros hechos, los que posiblemente puedan ser significativamente más determinantes y de muchas mayores responsabilidades, como desencadenantes o factores de serios riesgos potenciales.

·       El gasista habría intentado comunicarse con Litoral Gas, y nadie habría atendido las llamadas de emergencia. ¿Tiene esa empresa algún sistema y/o equipo en alerta para emergencias, las 24 horas? Si es así, ¿por qué no actuó?

·       Trascendió que se sabía la existencia de pérdidas de gas de cierta significación. ¿Por qué no se actuó antes, con la severidad y rigor técnico imprescindibles? ¿Ni Litoral Gas, ni los entes que deberían controlarla, tienen protocolos obligatorios, para casos como ese, de forma tal de realizar acciones preventivas, para evitar riesgos y accidentes? ¿Qué entes de la municipalidad, de esa provincia (Santa Fe) y de la nación, son los que cuentan con el poder de policía –real y efectivo- del servicio de gas? ¿Enargas tiene atribuciones legales y los medios concretos para hacerlo, o solo fija tarifas y cuestiones similares?

·       Así como en el servicio eléctrico, existen obligatoriamente llaves de corte para realizar reparaciones con total seguridad, ¿por qué Litoral Gas no obligó a instalar, o instaló por si misma, una válvula de corte, antes de la pieza cuyo desperfecto ocasionó la fuga de gas? Eso es válido para todas las conexiones.

·       ¿Qué otros protocolos y mecanismos concretos de prevención y de acciones de reparaciones seguras, tiene vigentes –en forma real y efectiva- Litoral Gas; que se hace en otros lugares del país?

 

Según las referencias disponibles, el accionar de GAS DEL ESTADO priorizaba la seguridad por sobre todo. Es muy conocido que la tan alardeada “eficiencia privada” fue uno de los argumentos centrales para justificar las privatizaciones salvajes impuestas por la fuerza en los años ’90. Y tal como muchos ejemplos lo demuestran (por caso Repsol, Aerolíneas Argentinas, etc.), las empresas mayoritariamente extranjeras beneficiarias de las “privatizaciones” o concesiones –casi todas en condiciones muy lesivas a los Intereses Nacionales-, se dedicaron febrilmente a “hacer caja”, precarizando y desmejorando los servicios, con lo cual los muchos aspectos sociales y estratégicos de los servicios públicos quedaron relegados o fueron directamente desatendidos. Entre ellos lo referente a mantener e incluso mejorar los niveles de seguridad operativa.

Todo el sector hidrocarburífero es de alta rentabilidad, pero es bien sabido que el desmedido afán de lucro de determinados sectores privados investidos del poder monopólico que significan por sus naturalezas técnicas determinados servicios públicos, muchas veces lleva a soslayar por completo las consideraciones sociales y humanas, dentro de las cuales la seguridad es la más importante.

Al igual que las tragedias sucedidas con los ferrocarriles, ya debería ser hora que el Estado asuma los roles que le  fueron conculcados en las muy negativas épocas del cuarto de siglo neoliberal. Por supuesto equilibrando las acciones, en la búsqueda de eficiencia que el Estado puede y debe tener, como prestador de servicios públicos esenciales y de alta prioridad estratégica.

Para ello no son convenientes las creaciones de entes como simples apéndices de la administración pública; sino Empresas del Estado, con manejos propios bajo todos los sistemas de controles y con la búsqueda de eficiencia económica y altos estándares de seguridad, y por qué no, de su propia capacidad de autofinanciación de nuevas inversiones; además de los beneficios al bien común que significa contar con más y mejores prestaciones de servicios esenciales.

Y ya que estamos en el tema…¿Por qué no volver a crear Gas del Estado? Bien manejada garantizará mejores y más eficientes servicios, y la enorme renta gasífera servirá para solventar las inversiones que nuestro desarrollo necesita. Y complementariamente deberían crearse empresas del Estado provinciales, encargadas de la distribución, o eventualmente cooperativas, en todos los casos priorizando la excelencia y con buenos niveles de control operativo y contable.

Es de recordar que por ser tan avanzada y óptima en sus primeros años (creada a mediados de los ’40), Gas del Estado fue usada como modelo a seguir por otras empresas gasíferas estatales, por caso Gaz de France.

Después fue destrozada adrede, por los ultra privatistas puestos a dirigirla, muy posiblemente con otras complicidades mediocres internas de arribistas e incluso gremialistas sin sentido de honra y de patriotismo; con lo cual dieron argumentos a los que la malvendieron, privando al Estado de esa formidable herramienta de desarrollo.

C.P.N. CARLOS ANDRÉS ORTIZ